Lázaro Báez ya decidió cerrar todas sus empresas. Es cuestión de tiempo. Ya no tiene la obra pública a medida, ni el aval político de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Desde diciembre del año pasado, ha dejado 1.300 trabajadores en la calle. Y sólo quedan 500 empleados en su agonizante imperio edificado con las licitaciones ordenadas en Olivos y firmadas en el Ministerio de Planificación. El empresario Báez, como Szpolsky y Garfunkel, podían cobrar certificados de obra y editar medios de comunicación con los fondos giradas desde Balcarce 50. Cuando eso terminó, decidieron echar a los trabajadores, clausurar sus emprendimientos y vender sus canales, revistas y radios.

Pero no toda la responsabilidad es de Báez, Szpolsky y Garfunkel. Detrás de sus actuaciones formales, la justicia federal debería investigar qué pasó con los fondos millonarios que recibieron de las arcas públicas. En Comodoro Py se tendría que analizar los balances de estos empresarios del poder K, porque hubo un movimiento de dinero que excede los alquileres pagados por Báez a las compañías de la familia Kirchner y a los gastos devengados en el multimedios oficialista que administraban Spolsky y Garfunkel.

La hipótesis oficial es que Báez pagaba alquileres como modus operandi para encubrir las supuestas coimas a CFK. Y que los fondos recibidos por Szpolsky y Garfunkel sólo servían para el mantenimiento mensual del aparato kirchnerista. Parece que no fue así. Pero es necesario una formidable pericia contable que podrían hacer los expertos que trabajan en la Corte Suprema, bajo las órdenes de Ricardo Lorenzetti.

Si esa pericia se hiciera, todos podríamos llegar a la conclusión sobre el verdadero significado político del verbo Devolver. Un verbo que Szpolsky, Garfunkel y Báez supuestamente han conjugado durante años, mientras eran protegidos por la maquinaria estatal y su burocracia partidaria.