La Cámara Federal cuestionó su actuación en la causa que involucra a la familia Báez, y el juez Casanello en lugar de ajustar su método de investigación decidió fugar hacia adelante. “La confirmación de los procesamientos,  no hace que dejemos de lado nuestra discrepancia con lo que consideramos una persistencia del juez en un enfoque errado de la investigación”, sostuvo la Sala II al analizar cómo Casanello trabajó un expediente que es clave para vincular a Cristina Fernández, Julio de Vido y al clan Báez con la maquinaria de corrupción montada sobre la concesión de obra pública que benefició al exempleado bancario íntimo amigo de Néstor Kirchner.

“Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, insistieron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, para ocupar un cuadrante de la pesquisa que Casanello siempre intentó evitar.

Los cuestionamientos de la Cámara no son azarosos y coinciden con los planteos realizados por Lázaro y Martín Báez, quienes aseguran que Su Señoría dirige la pesquisa para proteger a CFK y su entorno. Los jueces Irurzun y Farah consideraron verosímil la denuncia presentada por Lázaro y Martín Báez, y abrieron a prueba la recusación para determinar si es una simple chicana procesal o la evidencia determinante de un nuevo caso de corrupción del kirchnerismo que colocaría a Casanello en la salida de los tribunales y a Cristina en la mesa de entradas de otro juzgado de Comodoro Py, Hasta este momento, por los indicios recogidos, Su Señoría tendría problemas para rechazar que estaba en las cercanías de la quinta de Olivos a la misma hora que Báez, adonde había concurrido para informarle a la Presidente que ya no se haría cargo del mausoleo de Néstor Kirchner.

En este contexto procesal, recusado por los implicados y cuestionado por la Cámara Federal, es una argucia defensiva de Casanello forzar un desfile de la familia Báez y sus asesores por Comodoro Py para demostrar que está trabajando en una causa que durmió durante años. Su Señoría ordenó que el martes se tiene que presentar Martín, Leandro y Melina Báez; el miércoles deberá comparecer Lázaro, su contador Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco, y el jueves se aguarda la llegada de Luciana Báez y el abogado Juan Pedro Damiani. Cualquier estudiante de derecho sabe que si aún está pendiente un pedido de recusación contra el juez que tramita la causa, los implicados se negaran a declarar porque –precisamente– no confían en el magistrado a cargo. La desconfianza es tan profunda que preferirán callar a usar su derecho constitucional de mentir en causa propia.

Cuando Casanello confirma las indagatorias, lo único que hace es asegurar un show mediático que no aportará nada al expediente. Su Señoría prefiere montar un numerito de circo a esperar que la Cámara Federal desestime o confirme la recusación presentada por Lázaro y Martín Báez. Si es ratificado en la causa, no tendrá problemas en probar que los hijos de Báez tienen cuantiosos depósitos en el exterior, que no pueden justificar con su cotidiana actividad laboral. Esas pruebas fueron aportadas por la UIF, cuando Casanello trataba de probar que Báez sólo había ejecutado una formidable maniobra de lavado de dinero. Las evidencias recogidas por la UIF demuestran que los hermanitos Báez tenían más de 25 millones de dólares en cuentas secretas abiertas en Europa, una suma que no ganaron trabajando formalmente en las empresas de papá.

Sería prudente que la Cámara Federal o la Corte Suprema recomiende a Casanello que suspenda las indagatorias y que se avoque a otros aspectos más importantes de la causa. Por ejemplo, cruzar toda la información que incautó Claudio Bonadio en sus allanamientos a las distintas oficinas y estudios que protegían los secretos contables y financieros de la familia Kirchner. Ese sería un tiempo ganado, a favor de una causa judicial que juntaba polvo en su oficina. Si en este momento insiste con las indagatorias, será responsable de un carnaval en Comodoro Py que no servirá para administrar justicia y condenar a los responsables de una máquina de corrupción que funcionó a destajo durante los últimos doce años.