Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de la Presidencia, tenía 1.200.000 dólares en una cuenta de la Banca Privada d´Andorra que jamás reconoció en su declaración jurada. Esa cuenta está a nombre de la compañía británica Line Action, que se dedicaba a la compra y venta de jugadores de fútbol. «La plata nunca fue mía», aseguró Gilligan al diario El País de Madrid que descubrió los fondos que no había declarado el subsecretario general de la Presidencia.

Gilligan aseguró que los fondos depositados en Andorra no eran suyos, que le había prestado el nombre a un amigo que tenía dificultades con el fisco español y que ya había renunciado a la compañía inglesa que hacía transferencia de jugadores de fútbol. «Con el periodista (de El País de Madrid) hablé sin papeles encima, no tenía en claro ni el sentido de lo que me estaba preguntando. Hay cosas que no recordaba. Las declaraciones que él pone me las hizo caminando, en la calle, desconocía el contexto que él después amplió. El tema tiene que ver con la actividad privada, con una actividad que tiene que ver con distintas empresas, mías y de terceros y con asesoramientos». le contestó Gilligan al colega Santiago Fioriti de Clarín.

–Usted asumió en 2013 en turismo. ¿En ese momento declaró que tenía una empresa a su nombre?–, insistió Fioriti.

-No. Lo que pasa es que… ese es el único punto donde puede haber algo y que es lo que voy aclarar el lunes en la Oficina Anticorrupción. Como la sociedad no la estaba usando ni estaba cobrando ni obtenía dividendos… no tenía nada y había pedido salir y como esa salida era inminente no la tenía declarada.

Mauricio Macri enfrenta una situación económica que aún no pueden resolver, Hugo Moyano lo espera para ajustar cuentas y en una semana evaporó diez puntos de imagen positiva sosteniendo las decisiones opacas de Jorge Triaca. Y ahora, como si fuera poco, debe tragarse un sapo con forma de Gilligan. Casi una tormenta perfecta

El subsecretario mintió en su declaración jurada y es delito: se llama falsedad ideológica. «Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio», prescribe el artículo 293 del Código Penal. Gilligan violó este artículo y el olvido personal no atenúa las conductas penales. Nadie puede alegar su propia torpeza.