Alberto Fernández conoce el derecho penal y ha trajinado la justicia federal. Sabe que implica los gestos del poder y propone una reforma que es aguardada desde la administración de Carlos Menem. Ya no es un secreto de Estado que el aparato de inteligencia (SIDE, SI o AFI, por citar tres casos) influyó en decisiones procesales por cuenta y orden del Poder Ejecutivo.

La prédica mediática de Alberto Fernández es rescatable, pero detrás de sus palabras está avalando dos gestos institucionales que contradicen su posición respecto a las operaciones políticas en los tribunales. El Presidente propone al juez federal Daniel Rafecas como Procurador General y ha callado cuando se enteró que su ministra de Seguridad anunció que revisaría la pericia de la Gendarmería realizada sobre Alberto Nisman.

El juez Rafecas rechazó dos veces investigar la denuncia del fiscal federal Nisman. Y meses más tarde, los principales acusados en la denuncia de Nisman fueron procesados por encubrimiento. Entre ellos, Cristina Fernández de Kirchner.

La ministra de Seguridad,Sabina Frederic, reveló sus intenciones de revisar la pericia de la Gendarmería que demostró que Nisman fue asesinado en su departamento de Puerto Madero. La pericia fue pedida por la justicia federal, no fue un acto unilateral de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Dos hechos que conducen al mismo lugar. Un indicio de las decisiones políticas que Alberto Fernández está tomando en un caso clave en la historia moderna de la Argentina.