No hay una sola evidencia de corrupción contra Dilma Rousseff que justifique su impeachment. La base de la acusación son dos maniobras de política financiera que se hacen desde la presidencia de Fernando Henrique Cardoso. Rousseff sufre un golpe de Estado que cocinan legisladores corruptos que pretenden permanecer en el poder sin medir las consecuencias institucionales. Es una variable a la brasilera de la jugada que ejecutó Alberto Fujimori para continuar como presidente del Perú.

La Operación Lava Jato, la crisis económica y la ausencia de carisma de Dilma no son causales de juicio político. Son aspectos dominantes de una compleja realidad que la democracia brasilera puede resolver aceptando las reglas de juego y evitando que la voracidad de la oposición transforme en un pantano a nuestro principal socio regional. El silencio del Mercosur huele a complicidad y deja con escasas alternativas a un gobierno que fue elegido por una mayoría democrática.

Dilma cometió un profundo error político al intentar que Lula da Silva fuera un superministro de su gabinete. Y aún no aprendió a cautivar a sus adversarios y fortalecer a sus aliados, cuando la política tradicional exige fondos para aceitar la maquinaria partidaria. No se trata de la Ética, sino de la Realpolitik. Dos elementos imprescindibles para gobernar según enseñan Aristóteles y Hobbes.

Pero la escasa flexibilidad táctica de la Presidente no es causal de juicio político. Ni su incapacidad por encontrar una fórmula económica que atenúe la crisis social de Brasil. El Impeachment se justifica sobre casos de corrupción, y Dilma –hasta ahora—no aparece involucrada en ninguno de los expedientes que procesan los activos tribunales brasileños.

La situación es distinta para los acusadores de Rousseff. El vicepresidente Michel Temer es sospechado de recibir miles de dólares en coimas y el presidente de la cámara Baja, Eduardo Cunha, es investigado por corrupción en una causa tramitada en la Suprema Corte. Si Dilma cae, ellos caerán también, porque en definitiva se está juzgando la corrupción como plaga política. Y Temer y Cunha son indefendibles.

En este escenario, donde los medios de comunicación más poderosos ajustan cuentas con los partidos de izquierda, es probable que haya nuevas elecciones presidenciales antes de fin de año. La sociedad brasileña está harta de la corrupción y desea que los casos judiciales tengan un correlato en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento. Al margen de los enjuagues políticos y las ambiciones personales.

Brasil inicia un nuevo ciclo institucional. Puede ocurrir que el sacrificio político de Dilma finalmente sirva para estabilizar un país que necesitamos todos. Como siempre ocurre en estos casos, la Realpolitik vence a la Ética.