Pura realpolitik. Sin contrato con Pfizer, Argentina seguía dependiendo de Xi Jinping o Vladimir Putin, mientras se perdía la donación de millones vacunas que la administración de Joseph Biden estaba haciendo a todos los países de América Latina.

En este contexto, Alberto Fernández ordenó a su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que redacte un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permita acceder a las dosis contra el COVID-19 que producen Pfizer, Moderna y Johnson. Ibarra terminó de cerrar las condiciones jurídicas con las tres empresas, ajustó la redacción del probable DNU y lo puso a consideración del Presidente.

Alberto Fernández dio el OK.

El futuro Decreto de Necesidad y Urgencia cubre todas las exigencias legales que pedía Pfizer para vender su producto a la Argentina. La compañía farmacéutica quedará indemne de las denuncias penales en su contra por eventuales daños colaterales causados por su vacuna, y los costos indemnizatorios estarán a cargo de un fondo que será financiado y gestionado por el Estado Nacional.

El 10 de julio de 2020, Alberto Fernández recibió en Olivos a las autoridades de Pfizer para iniciar una negociación que se pensaba rápida y efectiva. No sucedió por mala praxis del Gobierno: lo que concedió ahora, era lo que pedía la empresa farmacéutica hace doce meses.

El contrato se firmaría antes que concluya julio. De 2021.