El fiscal federal Diego Luciani reunió suficiente evidencia para lograr una sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner. En un cálculo simple, por los delitos imputados, la vicepresidente debería recibir una condena de al menos cinco años de prisión.

La Cámpora, los movimientos sociales cercanos al kirchnerismo, los intendentes, sindicalistas y gobernadores cercanos a CFK estudian promover una marcha en contra del fallo de la justicia federal. Se trata de una movida política que apunta a rescatar a la probable condenada en vistas a la campaña electoral de 2023.

Cristina se encuentra en una compleja encrucijada. La condena por la causa Vialidad implicará la prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ella apelará ante la Corte Suprema, y todo quedará en suspenso hasta que concluya su mandato como Vicepresidenta.

Pero a partir del 10 de diciembre de 2023, si no tiene fueros por un cargo electivo -legisladora nacional, por ejemplo-, la posibilidad de marchar presa se multiplica hasta el infinito. CFK lo sabe y busca una vía para anular esa posibilidad mientras machaca con la supuesta persecución de la justicia federal.

No hay persecución.

El expediente tiene pruebas suficientes para confirmar su responsabilidad penal en la causa Vialidad.