Martín Báez se aprovechó de los errores procesales del juez Sebastián Casanello y del fiscal federal Guillermo Marijuan para afirmar que es una víctima política de Comodoro Py. En un obvia táctica de defensa, Martín aseguró que era inocente, que su padre Lázaro era inocente y que fue citado «sin pruebas» a la ampliación de su indagatoria.

El texto que presentó Báez Jr consta de dieciséis páginas y no refiere que es accionista de catorce compañías creadas por su papá y que tiene firma autorizada en Austral Construcciones, la empresa clave en las maniobras de corrupción que se montó cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández decidían sobre el destino final de la obra pública.

La arrogancia de Martín Báez se relaciona con las presiones ejercidas por exfuncionarios kirchneristas y la incapacidad de Casanello y Marijuan de encontrar un instrumento legal que garantizara una confesión de los protagonistas estelares de esta trama de desfalco público. Báez prefirió la ley de la Omertá al código Penal, frente a la escasa capacidad de disuasión jurídica que se esgrimió desde los tribunales federales de Retiro.

El escrito de Báez es una prueba contundente del abuso de poder en tiempos de CFK. Austral iba a construir las represas en Santa Cruz, pero como cayó en desgracia por los fondos que supuestamente había mexicaneado, la expresidente bajó el pulgar y decidió que esa obra pública fuera construída por Electroingeniería, otra empresa nacional que creció a la sombra de Cristina y Carlos Zannini.

Ante la derrota en el entorno de CFK, la familia Báez se quedó sin obra y con una deuda millonaria con Helvetic Group (La Rosadita), que en su momento fue comprada por el abogado de Lázaro Báez. Precisamente, este abogado fue capturado en Paraguay cuando intentaba desaparecer para siempre. Razonamiento obvio: si está todo en orden, por qué escaparía el abogado de Lázaro Báez, y por qué aún está preso el propio Lázaro.

En la última semana se escribió que Martín Báez no debía ser detenido por la escasa tenencia accionaria que tenía en Austral Construcciones. Un comentario que desconoce la lógica del delito vinculado a las sociedades comerciales: la responsabilidad penal no se vincula al porcentaje de propiedad de acciones, sino al control de la operación ilícita. Con ese criterio, Carlos Menem era inocente en el tráfico de armas, porque la sociedad que ejecutó el negocio estaba en manos de testaferros que respondían a Emir Yoma.

«Cualquier decisión de la asamblea asumida por el voto concurrente del paquete accionario mayoritario es válida y no puede ser objetada por la minoría», expresó Martín Báez en su escrito de defensa, adonde reiteró que su paquete de acciones de Austral es sólo del cinco por ciento. El abogado de Jr es un sofista consumado: si tengo pocas acciones no decido, y como no decido, soy inocente.

Helvetic entregó a Báez 33 millones de dólares. Y este es un hecho probado. Cómo están probados los 5 millones de dólares que se contaron en La Rosadita y que fueron registrados en las 90 horas de vídeos que se guardan en los tribunales federales. En ambos casos, al margen de los sofismas defensivos, es plata que se intentó lavar en la cueva de Puerto Madero.

Casanello y Marijuan ya descubrieron que Lázaro y Martín Báez no tienen intenciones de confesar. Ahora deberían usar las pruebas del expediente y detener al hijo pródigo del exempleado bancario que se hizo rico por su amistad con Néstor y su templanza con Cristina. No se trata de una decisión judicial complicada: basta con releer la documentación que hay en la causa y sumar los registros contables secuestrados en Santa Cruz.

Si la complacencia no alcanzó con Martín Báez, quizás sirva aplicar la norma sin atenuantes estratégicos.

Dura lex, sed lex.