El fiscal federal Carlos Rívolo imputó por cohecho a Cristina Fernández y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, después de la ampliación de denuncia que hiciera la diputada Margarita Stolbizer. Rívolo considera que hay suficiente evidencia para asegurar que López y Báez pagaban coimas a la expresidente a través de diversos alquileres que percibía Los Sauces Sociedad Anónima. Con esta nueva imputación penal, CFK ya tiene la visita asegurada a los juzgados de Claudio Bonadio, Sebastián Casanello y Julián Ercolini, alcanzando así un récord procesal que supera la actuación de Carlos Menem en los tribunales de Comodoro Py.

La imputación de Rívolo es fácil de explicar. Para el fiscal federal, López y Báez alquilaban propiedades en Puerto Madero, El Calafate y Río Gallegos para encubrir las coimas que supuestamente recibía Cristina a cambio de beneficiar a los empresarios íconos del kirchnerismo. Esos alquileres estaban por encima de los precios de mercado y no se pueden justificar desde el movimiento habitual que hacían los empleados y gerentes de las empresas que pertenecían a Báez y López.

Máximo Kirchner es accionista de Los Sauces SA, pero como no era funcionario al momento del presunto pago de coimas, quedó afuera de la imputación de Rívolo. Sin embargo, el fiscal solicitó un informe para determinar si Máximo cobró dividendos en diciembre de 2015, porque si lo hubiera hecho queda incluido en la imputación que incrimina por cohecho a su madre Cristina y a los empresarios López y Báez.

El juez Bonadio está de acuerdo con la calificación jurídica de Rívolo y tiene pensado citar a CFK, López y Báez antes que empiece la feria judicial de invierno. Bonadio no cita, sino cree que hay suficiente evidencia para procesar a los implicados. Alea jacta est.