No hay justificación para los actos de violencia y de represión que se cometieron en Santa Cruz. Ni los manifestantes pueden avanzar contra Alicia Kirchner, Cristina Fernández y su familia, ni la policía de Santa Cruz debió reprimir a mansalva una movilización que pretendía exhibir su malestar por una gobernadora que no tiene capacidad política para administrar una provincia quebrada y a la deriva.

Por supuesto, fiel a su estilo, CFK hizo su numerito para victimizarse y esconder la crisis que su familia política causó en un estado provincial que no debería tener problemas sociales o económicos.

Alicia Kirchner fue socorrida por la Casa Rosada, pero es pésima administradora y ejecuta muy mal el gasto público provincial. Ofreció una miseria a los docentes, pero cuando asumió dispuso un aumento del 400 por ciento a su gabinete. Y pese a tener los fondos públicos, pedalea el pago a los empleados estatales. Esta política administrativa desembocó en la marcha que terminó frente a la residencia de Kirchner.

La familia Kirchner maneja la provincia desde hace décadas, y la paradoja política está a la vista: ellos son multimillonarios, y sus vecinos pobres y sin destino a la vista.

El presidente Mauricio Macri no descarta la intervención federal. Depende de la familia Kirchner y su capacidad para gobernar a Santa Cruz, que está desquiciada, sin fondos y en manos de una gobernadora que ya no es protegida por Balcarce 50.