Alberto Fernández inició una ofensiva contra la Corte Suprema que se debilita con el correr de los días. Ya no tiene el apoyo de dieciocho gobernadores, ni el respaldo público de Cristina Fernández de Kirchner. Y menos aún los votos necesarios para su aprobación en la Cámara de Diputados.

El presidente avanzó sobre el Cuarto Piso del Palacio de Tribunales asumiendo que esa causa política podía unir a el Frente de Todos y significar un instrumento clave para iniciar la campaña electoral. Pero los cálculos previos fueron errados, y la batalla contra la Corte se transformó en una ofensiva caótica.

Será muy difícil que haya sesiones en el Congreso durante este año, los gobernadores justicialistas buscan preservar sus espacios de poder alejados de la Casa Rosada y Cristina cavila sus propios pasos sin considerar al Presidente y su gabinete.

Y en este complejo escenario institucional, Alberto Fernández ya sabe que no habrá juicio político a la Corte. Si tiene mucha fortuna, apenas logrará un dictamen mayoritario en comisión y una tratamiento ruidoso en el recinto de Diputados que terminará con una votación en contra.