La familia Báez dinamitó la estrategia judicial urdida por Cristina Fernández y ejecutada por sus alfiles políticos. La expresidente pensaba que Sebastián Casanello tenía todo bajo control y que Lázaro Báez sólo haría un desfile protocolar por los despachos de Comodoro Py. Pero los vídeos de La Rosadita obligaron a un cambio de paso que CFK no había previsto y que el juez federal debió aceptar en causa propia. Si Su Señoría no detenía a Báez, todo el tinglado de protección volaba por los aires antes enterrar la causa para siempre. Entonces, Casanello tomó el camino más fácil: sacrificar a Báez, para salvar a Cristina. Una estrategia política-procesal rechazada por los hijos del empresario constructor, que hasta ese momento había decidido respetar la ley de la Omertá y sus años de amistad con Néstor Kirchner.
La táctica procesal de Leandro Báez, que no quiere que su padre Lázaro se pudra en la cárcel, consiste en sostener que Casanello protege a Cristina y coloca como blanco móvil al exempleado bancario devenido en multimillonario. Leandro Báez sugiere que Lázaro era un simple ejecutor de las decisiones políticas-empresariales que se tomaban en la quinta de Olivos, y que CFK tenía el control de un desfalco multimillonario. Si la Cámara Federal encuentra verosímiles los argumentos de Leandro, Casanello ya no controlará el expediente y Cristina deberá estudiar una causa que también involucra a Máximo Kirchner, Julio de Vido y Ricardo Echegaray.
Martín Irurzun y Horacio Cattani, los jueces federales que estudian la situación de Casanello, son intachables y ajenos a las operaciones de poder que se lanzaban desde Balcarce 50 para proteger a la familia Kirchner y al clan Báez. Irurzun y Cattani tienen dos alternativas, que complican por igual a CFK: si ratifican a Casanello, le exigirán que investigue hacia arriba, involucrando a la expresidente y su entorno. Y si por el contrario aceptan la recusación de Casanello, ordenaran que no alcanza con pasear las retroexcavadoras por los campos que Báez compró con los negocios que le concedió Cristina en sus ocho años de gestión.
La Cámara Federal resolverá antes de la feria de Invierno, sobre la continuidad de Casanello en una causa que durmió una larga siesta, Y ya no hay dudas acerca de las complicaciones judiciales que enfrentará CFK antes que concluya 2016. De todas maneras, Cristina tiene un hecho a favor: el mismo día que Leandro y Lázaro Báez exigieron que sea investigada por sobreprecios en la obra pública, Claudio Bonadio probó que su título de abogada es legítimo. Ahora, sin dudas, podrá actuar en causa propia.
