Claudio Bonadio es un controvertido juez federal que alcanza repercusión mediática por su enfrentamiento personal con Cristina Fernández. En otra época, cuando gobernaba Néstor Kirchner, el exasistente de Carlos Corach miraba para otro lado. Ahora Bonadio tiene en la mira a CFK por dos causas judiciales con objeto procesal distinto: el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito en Los Sauces y la denuncia contra Héctor Timerman por traición a la patria y su eventual conexidad con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que le costó la vida hace más de un año.

La comunidad judía no quiere que Bonadio se haga cargo de la denuncia de Nisman, porque ya padeció a Bonadio cuando investigó el encubrimiento en la investigación del ataque a la AMIA. En ese expediente, el juez nombrado por Carlos Menem se manejó en zig zag y finalmente fue apartado del caso. En este momento, la denuncia está en un limbo procesal, porque se tironea la competencia entre Bonadio y el juez que debería suceder a Daniel Rafecas, con un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura.

El gobierno está haciendo un silencioso bordado político para cerrar las diferencias de coyuntura que enfrían la relación entre Mauricio Macri y Francisco. Ya se asume que hay diferencias personales e ideológicas, pero se trabaja para lograr que esas diferencias queden encapsuladas al momento de coordinar una agenda de trabajo entre el Presidente y el Papa. Por eso, se analiza con esmero a los eventuales invitados a la próxima reunión en Roma (octubre) y desde el Vaticano se ordenó que los denominados voceros informales se llamen a una silenciosa meditación política. En este contexto, llamó la atención que un simple asesor presidencial, Alejandro Rozitchner, apareciera en primera línea con un discurso que se había archivado en Balcarce 50.

«Yo creo que el Papa no es tan relevante políticamente. Uno podría preguntarse ¿Por qué el Papa no lo decía antes cuando había un gobierno muy ineficaz y corrupto? Bueno, él sabrá por qué», dijo el asesor en un reportaje concedido a Clarín. Rozitchner asegura que es un intelectual ligado al rock y a la marihuana, dos actividades personales que aportan escasa perspectiva a las relaciones exteriores y la política de Estado.

Elisa Carrió inició una cruzada personal para ajustar cuentas con Ricardo Lorenzetti y Gustavo Arribas, dos piezas claves en el tablero político de Macri. Como titular de la Corte, Lorenzetti se comprometió a resolver la crisis de las tarifas públicas, gatillada por la incapacidad del gabinete nacional y la picardía del kirchnerismo residual. Carrió desconfía de Lorenzetti y pretende que Macri tome distancia del magistrado más influyente del Poder Judicial. El Presidente entiende la táctica de la diputada y ha ordenado silencio frente a las declaraciones de Carrió, que tiene agenda propia y una mirada del juego político que, muchas veces, es diferente a lo que se piensa y decide en la Casa Rosada.

Por eso, Macri optó por callar cuando Carrió avanzó contra Arribas, su amigo personal y jefe formal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Arribas tiene un pasado opaco vinculado a la compra y venta de jugadores, no sabe nada de inteligencia y menos todavía sobre la agenda internacional que se ejecuta alrededor del planeta. Sin embargo, el gobierno apoya a Arribas, que cerró un acuerdo tácito con la tropa que aún escucha con atención las opiniones de Jaime Stiuso, el espía que trabajó para Néstor y CFK durante años.

Si no hay contraorden, Arribas y Silvia Majdalani (operadora de Carlos Menem y con pasado vidrioso), serán confirmados por la Cámara de Senadores. Un negocio político apoyado por el peronismo en todas sus variables, pese a los escasos y complejos antecedentes de los funcionarios propuestos por el Poder Ejecutivo.