Cristina Fernández está acusada de liderar una organización ilícita que traficaba obras públicas con sobreprecios a cambio de obtener coimas pagadas por empresas privadas. CFK puede alegar –como siempre– , persecución política ejercida desde los tribunales de Comodoro Py. Pero a los cuadernos de Centeno se sumaron media docena de confesiones que terminaron de ponerla contra las cuerdas. Cristina estaría presa, si no mediara una absurda interpretación política de los fueros parlamentarios.
Los fueros parlamentarios se establecieron para evitar que los legisladores sufrieran persecución política. Y su razón legal implica proteger a un diputado o senador que pueda ser coaccionado por su actividad legislativa. Cristina es acusada por cometer hechos de corrupción durante sus dos presidencias, y en un esquema institucional de separación de poderes, no se pueden subsumir las funciones del Poder Ejecutivo en las actividades propias del Poder Legislativo.
El juez federal Claudio Bonadio está a cargo de la causa que investiga las maniobras de corrupción anotadas con minuciosidad por el remisero Centeno. Bonadio odia a Cristina, y Cristina odia a Bonadio. El sentimiento es mutuo: pero a diferencia de otros expedientes, adonde Su Señoría forzó la evidencia y la interpretación de la norma penal, en esta causa hay suficiente evidencia para dictar la prisión preventiva a CFK.
Cristina debería marchar a prisión. Pero los senadores justicialistas protegen a la expresidente usando una interpretación falaz de los fueros parlamentarios. De esta manera, transforman a la cámara Alta en un aguantadero de dos: para Carlos Menem, ya condenado por el tráfico de armas, y ahora para CFK, acusada de dirigir una banda de funcionarios que se apalancó en el Estado para cometer delitos.
Cristina jura que es inocente. Puede mentir, está imputada.
