Narcos, ladrones, corruptos, traficantes y lavadores enfrentan juicios morosos y languidos, mientras sus bienes incautados quedan a merced del tiempo y las circunstancias. No les importa: compran otros sin dudar, frente a un estado impasible que podía usar esos bienes ilegales para paliar su crisis estructural causada por el ajuste económico. Al narco no le importa que una camioneta de alta gama quede oxidada y enterrada en un deposito judicial. A un destacamento de la Gendarmería, con recursos limitados y exhaustos, esa camioneta puede ser la diferencia para detener un nuevo cargamento ilegal que cruza las fronteras porosas de la Argentina.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece un nuevo régimen de extinción de dominio adolece de fallas legales, al margen de su necesidad y urgencia política. El DNU establece una reforma en materia penal –prohibido en el artículo 99 de la Constitución Nacional– y falla en justificar la razón de anomalía institucional que permita sostener su legitimidad. Los tres poderes están vigentes y no sucedió ningún hecho catastrófico (inundación, sismo, plaga) que habilitara a Macri a emitir el DNU de extinción de dominio.

Sin embargo, hay que poner en contexto su decisión política, El peronismo parlamentario –en cualquiera de sus expresiones– trabó, chicaneo y modificó la decisión presidencial de extinguir el dominio de los bienes sospechados de corrupción.  Y entonces Macri optó por el controvertido DNU para avanzar un paso en la lucha contra los delitos complejos. Ahora será necesario un fuerte debate legislativo para ajustar a derecho la decisión presidencial y poner en marcha un sistema jurídico que la sociedad exige desde hace mucho tiempo.