La cepa Delta del COVID-19 terminó de quebrar la relación de la clase media con Alberto Fernández. El Presidente decidió dejar varados a la mayoría de los argentinos que estaban en el exterior cuando anunció las nuevas medidas, y en su gobierno no aportaron un sólo dato estadístico para cuantificar cuántos casos de Delta ya estaban circulando en el país.

Es decir: se probó la capacidad de contagio de la cepa Delta, una verdad científica irrefutable, pero la Casa Rosada no pudo explicar con argumentos sólidos porqué los argentinos en el exterior deben quedarse por su cuenta hasta que pase el temblor.

Sí Delta contagia más que cualquier variable de coronavirus, si sólo se probó la existencia de tres casos y si ya se aprendió a frenar al virus con medidas sanitarias en Ezeiza, qué sentido tiene dejar a la deriva a miles de familias que decidieron irse de vacaciones.

Ninguno.

Y tampoco es un justificativo legal que la administración pública alegue que antes de viajar, los argentinos firmaron una declaración jurada. Alberto Fernández sabe, como abogado con décadas pateando los tribunales, que un formulario oficial no establece derechos blindados.

La ley tiene que ser razonable: una característica imposible de probar cuando se decide dejar a los varados sin apoyo del estado por la simple razón de una declaración jurada.