Alberto Fernández decidió cerrar un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de postergar los pagos de la deuda de 44.000 millones de dólares que heredó de Mauricio Macri. Ese Programa Económico -que en la jerga del FMI se llama Crédito de Facilidades Extendidas- implica un ajuste al gasto público y una reducción notable a la ayuda social y a los haberes jubilatorios.

En este contexto, Máximo Kirchner exigió que se tratará el Impuesto a las Grandes Fortunas para compensar a la militancia el ajuste económico e ideológico que debe tragar como pieza clave de la coalición de gobierno. Y en sentido inverso, cuando se trate el Impuesto Kirchner-Heller, sucederá lo mismo con Alberto Fernández y Sergio Massa.

Ni el Presidente, ni el titular de la Cámara de Diputados, deseaban que esa iniciativa setentista apareciera por el Parlamento en plena visita del FMI. Alberto Fernández y Massa pretendían que se tratará sólo el Presupuesto Nacional y con eso dar una muestra de institucionalidad en el centro político. Pero ese plan fracaso: el Presupuesto quedó postergado, y en el Día de la Militancia Peronista, se debatirá en Diputados un proyecto que pone los pelos de punta al establishment con conexiones en Wall Street y Washington.

En la actual coyuntura política, tres situaciones son inevitables. Las contradicciones adentro del conglomerado oficialista, las pujas de poder entre los socios con más pesos -Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Massa-, y la ausencia aún de un hecho puntual que rompa el inestable equilibrio e imponga un ganador.