Las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Nacional siempre fueron complejas. La Iglesia respaldó todos los golpes de estado desde la caída de Hipólito Yrigoyen en 1930 e intentó condicionar a todos los gobiernos civiles desde la Revolución de Mayo. Y a la vez, cuando una crisis golpeaba a la sociedad, siempre aparecía en primera línea. Regaló un plato de sopa tras la caída de Fernando de la Rúa. Contuvo a los familiares en Cromagnon y respaldó a las víctimas después de la tragedia de Once.
La Iglesia Católica tiene una actitud zizagueante con el poder y la sociedad, y ahora le cuesta admitir que Argentina va rumbo al siglo XXI. Mauricio Macri abrió el debate por la despenalización del aborto y Marcos Peña ahora empuja la discusión respecto a cómo debería entenderse la sostenabilidad del culto católico. Son debates necesarios, en clave institucional, que van a beneficiar a la democracia y a todos sus protagonistas.
El jefe de gabinete reveló en su sesión explicativa ante los diputados que se habían asignado más de 130 millones de pesos a la Iglesia Católica y que un obispo cobra 46.800 pesos por mes y un obispo auxiliar 40.950. Estas cifras son públicas que se configuran por la voluntad política del Poder Ejecutivo –envía el presupuesto nacional– y de los legisladores –diputados y senadores– que sancionan esta iniciativa clave de la administración nacional. Todo es transparente y ese tipo de fondos se giran a la Iglesia desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853.
La difusión de los 1300 millones de fondos públicos destinados a la Iglesia Católica abrió un debate necesario en la sociedad. Hay que dirimir si esos fondos son necesarios para Iglesia, si todos los contribuyentes deben pagar los salarios a los obispos católicos y si no habría que usar esos millones para otros destinos sociales. La Constitución no argumenta que «sostener» implique girar partidas millonarias a la burocracia eclesiástica y quizás la interpretación correcta solo consiste en «asegurar» la libertad religiosa y que cada culto se haga cargo de sus propios gastos.
La Iglesia no debería asumir que se trata de una conspiración de Macri contra Francisco, simplemente porque el Papa ya decidió postergar sine die su visita a la Argentina. Macri tiene intenciones de poner al país en un camino hacia la modernidad y la separación del Estado y la Iglesia es una asignatura pendiente desde fines del siglo XIX. Después de 150 años de fondos públicos que se giraron de modo casi automático a la Iglesia Católica, no es mala idea discutir si corresponde continuar con esa inercia institucional o cambiar una lógica política-religiosa que se sancionó cuando las carretas estacionaban frente a la Plaza de Mayo.
