Lázaro Báez ya perdió su protección política, su libertad y un porcentaje importante de su patrimonio. Ahora cavila respecto a la fortuna procesal de sus hijos Martín (38 años), Luciana (40 años) y Leandro (25 años), que están escasas fojas de la prisión preventiva por su presunta coautoría en la asociación ilícita que encabezaba su padre, un oscuro empleado bancario que se hizo amigo de Néstor Kirchner y socio de Cristina Fernández y su heredero Máximo. Con la prueba que reunió el fiscal Guillermo Marijuan en los distintos allanamientos ordenados en Santa Cruz, a Báez ya le quedan pocos días para decidir si protege a su familia  y cuenta lo que sabe o pone en prisión a Martín, Luciana y Leandro, sus hijos y directores de las compañías que se usaron para cometer infinitos actos de corrupción contra la administración pública.

El empresario sureño decidió cambiar su abogado defensor y no tiene empatía con la expresidente. Considera que está pagando por toda la fiesta y no quiere que sus hijos terminen en prisión, mientras que CFK, Máximo y Julio de Vido continúan en libertad y ajenos a su compleja situación procesal. Báez ya sabe que está solo y necesita un guiño efectivo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Marijuan para avanzar en una confesión que puede hacer historia en Comodoro Py.

Para abrir la boca, el socio de Cristina pretende que sus hijos continúen en libertad y que al momento de la elevación a juicio, se garanticen penas mínimas para todos los implicados en la trama de la corrupción. Además, Báez pretende seguridad para toda la familia, que será un blanco móvil cuando su confesión corrobore las evidencias del expediente y la investigación suba hacia un nuevo nivel de responsabilidad política y penal.

En pocas horas de rastrillaje en Santa Cruz, sin la sorpresa que se debe imprimir a los allanamientos, Marijuan ubicó 150 propiedades que Báez no había declarado, indicios de bolsos que habían estado enterrados con dinero sucio y casi 90.000 dólares en efectivo. También encontraron tierra removida en una de las estancias sobre la ruta 11 e infinitas carpetas con documentación legal y apócrifa que usaban los empleados de Báez para tratar de lavar y encubrir los bienes que se compraban con los fondos robados al estado nacional.

El sábado próximo puede ser un día clave para la causa. Marijuan aguarda una confesión que puede consolidar los indicios del expediente. Y por eso, regresará desde Santa Cruz. Si esto finalmente ocurre, CFK, Máximo y De Vido serán protagonistas de un proceso judicial que durará una década. El tiempo mínimo que los tribunales usarán para demostrar que no fue magia.