Acostumbrados a negociar sus fallos con los operadores de turno, los magistrados federales más conspicuos de Comodoro Py se quejan por la ausencia de una política de Estado ejecutada desde la Casa Rosada. No les satisface que Mauricio Macri, Marcos Peña y Germán Garavano hayan anunciado públicamente su libertad. Los jueces/peones del Poder Ejecutivo pretenden regresar a su zona política de confort, que implicaba recibir fondos negros de los servicios de inteligencia, protección en el Consejo de la Magistratura y discreción absoluta para designar a sus presuntos investigados, sin que importara los plazos procesales, las evidencias y el sentido final de administrar justicia.

Su Señoría, en términos generales y abstractos, almorzaba en Puerto Madero, comía asados en Nordelta, jugaba al golf en Pilar, cursaba en Washington y daba clases en Buenos Aires. Mientras tanto, ajustaba su agenda procesal con los manipuladores del gobierno de turno y cuidaba su billetera decidiendo a quién investigaba y a quién no. Esta lógica judicial, que podría llamarse el teorema de Comodoro Py, está vigente desde los años de Carlos Menem en Balcarce 50.

Un juez se apuró a comprar su 4×4 y cuando llegó a su flamante piso, no podía entrar con su camioneta por la puerta del garaje. Un camarista pagó una fortuna por una mansión cercana al Río de la Plata. Un fiscal cobraba peaje por cada causa que no apelaba. Y siguen los ejemplos, muy conocidos en los rimbombantes pisos del edificio judicial que ya frecuentan las figuras estelares de la presidencia ejercida por Cristina Fernández.

La clave del reclamo corporativo es revalidar los acuerdos de impunidad por protección política. El mecanismo es fácil de explicar: un juez venal recibe un sobre con dinero del Poder Ejecutivo, que está en dificultades por una denuncia promovida por un político opositor o por una investigación periodística que tiene repercusión nacional. El juez pedalea y luego archiva la causa, el Poder Ejecutivo debe un favor político y paga cash por los favores prestados. El político opositor o el medio que hizo la investigación desnuda la acción venal del juez que no investiga y se abre una causa en el Consejo de la Magistratura. El Poder Ejecutivo protege al magistrado aliado, y el juicio político en su contra jamás prospera. Así de fácil.

Este mecanismo de corrupción funcionó durante 20 años, y Macri, Peña y Garavano decidieron enterrarlo para siempre. Lo que no significa que dirigentes vinculados al fútbol, empresarios oficialistas que ganan licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y legisladores con llegada al primer piso de Balcarce 50, asuman la representación presidencial para ordenar una agenda en Comodoro Py que se mueve a una velocidad nunca vista entre los jueces federales.

Esas operaciones deberían terminar para siempre, lo que no significa pedir que no haya relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La Realpolitik en una democracia moderna no implica cambiar favores por sentencias, sino articular un diálogo institucional que no tome por sorpresa ni a la Casa Rosada ni a la Corte Suprema.

La mayoría de los jueces federal persigue a la corrupción kirchnerista por venganza personal o autoprotección. Su Señoría observa que pasa en Brasil y no quiere perder sus privilegios corporativos. Entonces, avanza sin límites de velocidad con evidencia que estaba en su juzgado desde hace años. A nosotros, simples mortales, no nos queda otra alternativa que observar con cautela estos movimientos políticos/judiciales. Porque su móvil no significa administrar justicia, sino mantenerse en una elite que apareció con Menem y se consolidó con Néstor Kirchner y Cristina.

Por eso hay que actuar con inteligencia. Que los jueces federales capturen a los corruptos, que las instancias superiores con honestidad probada (la sala II de la Cámara Federal porteña, por ejemplo), castiguen los delitos cometidos, y que finalmente los ladrones vayan presos.

Después se debería revisar la actuación de los magistrados en épocas de impunidad política. Y si ese día finalmente llega, habrá justicia en el Poder Judicial. Y si finalmente no llega, veremos a los mismos jueces con distinto collar, ordenando un procedimiento adonde ya no pasa nada, ni nadie, salvo los canales de televisión.

*Publicada el miércoles 11 de mayo de 2016, en El Cronista.