Cristina Fernández está en el peor lugar de su laberinto personal: ya no controla a sus socios comerciales y empieza a caer la cobertura judicial que, en las sombras, había edificado con la connivencia de funcionarios de Comodoro Py y un puñado de espías políticos operados desde la Agencia Federal de Inteligencia. Ahora, CFK no tiene suficiente poder para ordenar la interna familiar del Clan Báez y bloquear con el aparato estatal las pericias que pueden demostrar sus oscuras relaciones con Sebastián Casanello, el juez federal que le debe su cargo y su fortuna personal.
Leandro Báez comprendió que su padre Lázaro se había convertido en el fusible que utilizaba Cristina para evitar su protagonismo penal en la causa de lavado que tramita Casanello. Leandro (en la foto, a la derecha) lo habló con su padre, y gatilló una estrategia jurídica que supuestamente no está avalada por el jefe familiar, que aún no decidió sumarse de forma oficial a un plan que terminaría con la expresidente en prisión.
La Cámara Federal porteña (sala II) tiende dos jueces intachables: Martín Irurzun y Horacio Cattani, que escucharan a Leandro Báez explicar por qué Casanello debe ser recusado en la investigación que trata de demostrar que Cristina y Julio De Vido decidían los precios de las obras que después Lazaro ganaba, pocas veces realizaba y, presuntamente, siempre pagaba a los funcionarios más poderosos de Balcarce 50 y sus alrededores.
Para probar ciertos indicios de prevaricato, Leandro sostendrá que el pasado 6 de agosto de 2015, a las 8.28, el celular de Casanello se encontraba en la celda GKN053, que corresponde a la ubicación geográfica de la quinta presidencial. Ese misma día, a las 9.32, el celular de Lázaro Báez se encontraba en la misma antena. Ni Casanello, ni Báez viven en Olivos. Para esa época, Cristina todavía jugaba con Simón, el perro que le regaló Hugo Chávez.
La tesis de Leandro para recusar a Casanello consiste en probar que Su Señoría arregló con CFK, que su padre acompañó ese acuerdo, y que por lo tanto se debería designar otro magistrado para llevar la investigación hacia arriba. Si eso sucediera, Cristina y De Vido –en principio–, estarían en serias dificultades procesales. Ellos autorizaban las obras, y ellos establecían los mecanismos de pagos, que como ya se sabe siempre beneficiaban a las empresas de Báez.
Cuando los abogados de Leandro abandonen la Cámara Federal, se cruzaran con Lázaro Báez, que tiene otros abogados y, supuestamente, otra estrategia judicial. Báez se encuentra en una encrucijada personal: si habla traiciona la memoria de Néstor Kirchner, su amigo. Y si calla, será para nada: ya hay suficiente evidencia para correr a Casanello, iniciar su juicio político y destinar la causa de lavado a otro magistrado que, sí investiga a fondo, puede implosionar al poder real de la Argentina.
