El Fondo Monetario Internacional pretende cobrar los 44.000 millones de dólares que prestó a la Argentina en épocas de Mauricio Macri. Y no tendrá inconvenientes en reprogramar el cronograma de vencimientos -se trata de una decisión política-, pero a cambio exigirá que la administración de Alberto Fernández ejecute un ajuste que impactará en el gasto público asignado a las jubilaciones y a los fondos destinados a aplacar los efectos económicos de la pandemia.

El Presidente sabe cómo son las reglas de juego, y aguarda una fuerte reacción de la CGT  y de la oposición, que resistirán una reducción de los recursos públicos para cumplir con el programa que ya está negociado con el FMI. Es decir: la delegación del Fondo llegará mañana sólo para cumplir con el rito de las visitas formales y el estudio minucioso de la cuentas públicas. El resto -metas y condiciones de pago- es un secreto de Estado.

Argentina puede optar por un Stand-By o un Crédito de Facilidades Extendidas, pero poco más se puede hacer cuando se deben millones de dólares y no hay ninguna posibilidad de pagar. Bajar el déficit fiscal implica un ajuste, subir el tipo de cambio un transferencia de riqueza y achicar las partidas para contener la pandemia una decisión que afectará a millones de personas.

Llega el fondo, no habrá buenas noticias.