Mauricio Macri es objeto de una exhaustiva investigación judicial por el affaire Panamá Papers, y ya anunció a su staff político que únicamente actuará en Comodoro Py a través de sus abogados, que no saben cómo contener la profundidad procesal que impuso al expediente Federico Delgado, un fiscal federal que avanza sin importar cargos y circunstancias políticas. Delgado está respaldado por Sebastián Casanello, un juez federal que sí le importan los cargos y las circunstancias políticas. Su Señoría ordenó una extensa batería de pruebas en la causa abierta contra el Presidente, imprimiendo así a la pesquisa una velocidad que no tomó cuando aparecieron las primeras evidencias que vinculaban a Cristina con su socio Lázaro Báez.
Frente a la aparición de los Papeles de Panamá, se constató que Macri no había denunciado su participación en las sociedades offshore Fleg Trading LTD, de Bahamas, y Kagemusha, de Panamá. El Presidente alegó que, como no había cobrado honorarios o no había recibido dividendos societarios, no tenía obligación de inscribir esas sociedades en su declaración jurada. Un diputado kirchnerista consideró lo contrario, y con todo derecho hizo la respectiva denuncia en la justicia federal.
En tribunales, no pueden creer que aún no hayan recibido cierto correo presidencial para atemperar la voluntad inquisitiva de Casanello. Se conoce el ímpetu procesal de Delgado –una fiscal culto muy distendido–, pero ya desconfían de la inesperada vocación investigativa de Casanello, que está acusado por dilación profesional en la pesquisa contra CFK y Báez: hasta que no aparecieron los vídeos en canal 13, Su Señoría durmió la causa sin arrorró.
Por solicitud del fiscal Delgado, el juez Casanello solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) una copia certificada de los legajos de las sociedades Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, entre 1985 y 2007. También Casanello pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) la declaración jurada de bienes presentada por Macri en 2015, para hacer un cruce de información que determine si el Presidente cobró honorarios de Fleg Trading a través de otras compañías pertenecientes al mismo grupo societario.
Casanello además exigió a la justicia civil que se remitan todas las declaraciones juradas de Franco Macri, en una medida que puede ser caracterizada como peculiar. Macri (p) ya había acercado esa información al tribunal de Casanello hace cinco semanas.
Y para cerrar el círculo sobre el Presidente, Su Señoría requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que obtenga todos los movimientos financieros que hubieran hecho Fleg Trading y Kagemusha en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido. La intención de Casanello es determinar si Macri o su padre Franco protagonizaron operaciones sospechosas en esos países y paraísos fiscales.
Macri asegura que no cometió ninguna irregularidad. Franco Macri se puso a disposición de la justicia y ya declaró en un juzgado civil sobre la participación de su hijo Mauricio en las empresas mencionadas en Panamá Papers. El fiscal Delgado ha demostrado su capacidad para castigar maniobras delictivas y Casanello su capacidad para sumarse a una investigación cuando su negligencia puede quedar al descubierto. Esta semana, Delgado se queda trabajando en Buenos Aires para determinar si hay evidencias para procesar a Macri o para cerrar el expediente. Casanello, en cambio, viaja al Vaticano para ver a Francisco. Oficialmente se dice que participará de un seminario sobre corrupción.
