Hugo Moyano construyó poder con la presión que ejercía a través del gremio de camioneros. Acorraló a Fernando de la Rua, cerró un pacto político con Néstor Kirchner, enfrentó a Cristina cuando ya no había nada que perder y buscó un acuerdo táctico con Mauricio Macri. Pero el Presidente asumió que el camionero era puro costo político y cambió sus planes respecto a la nomenclatura sindical.

Sin contención política y con la justicia haciendo su trabajo, Moyano se transformó en una causa penal muy fácil de investigar. Hay tres expedientes que desnudan un presunto accionar delictivo que involucra a la mayoría de los miembros del clan que lideran Hugo y su tercera esposa Liliana Zulet. Ese accionar delictivo implica al club Independiente, al gremio de los camioneros y a un puñado de empresas dedicadas a la construcción, a la confección de ropa y a la prestación médica. Por ejemplo, la compañía Ancora aparece construyendo el sanatorio Antártida, que Moyano «inauguró» hace unas semanas junto a su esposa Zulet.

Moyano sabe que está en serios problemas judiciales, pero alega persecución política porque supuestamente defiende a los trabajadores. En ese contexto, organiza una movilización para el próximo 21 de febrero que sólo es apoyada por gremios de escaso peso y controvertida representación. En la lista se debe mencionar a Luis Barrionuevo, que no tiene una trayectoria vinculada a la transparencia y a la representación popular.

Hay suficiente evidencia para llamar a indagatoria a Hugo y Pablo Moyano por lavado de dinero y otros delitos conexos. Hugo y Pablo apuestan su situación procesal a una movilización que será importante. Pero la justicia entiende el nuevo paradigma político y no cajoneará las causas como reflejo ante la marcha del 21 de febrero.

Hugo y Pablo ya contrataron buenos abogados. Son inteligentes y cobran carísimo. No hacen magia.