El fiscal federal Diego Luciani desnudó un caso gravísimo de corrupción pública y solicitó una pena de 12 años para Cristina Fernández de Kirchner. A la pena exigida, Luciani añadió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de todos sus bienes que podrían haberse comprado con el fruto de lo ilícito. Luciani pronunció un alegato histórico que la Corte Suprema confirmará con el tiempo. Mientras tanto, el Gobierno se replegó sobre sí mismo, olvidó las internas palaciegas y protegió a la vicepresidente: incluidos Alberto Fernández, Sergio Massa y Vilma Ibarra que conocen de derecho penal y han tenido diferencias históricas con la supuesta jefa de una asociación ilícita que operó con absoluta impunidad para direccionar obra pública…