Alberto Fernández utilizó la Asamblea Legislativa para anunciar que su posición diplomática frente al Poder Judicial se tiñó de la postura extrema que tiene Cristina Fernández de Kirchner por su compleja situación procesal en causas abiertas en Comodoro Py.

El Presidente considera necesario una reforma judicial y siempre guardó un método de aproximación con jueces y fiscales que permitía un diálogo institucional con momentos de tensión. Pero este espacio de convivencia política quedó enterrado con el discurso presidencial en la Cámara de Diputados.

Alberto Fernández asegura que no hay ánimo de perseguir a la familia judicial, una conclusión personal que no es compartida en Comodoro Py y la Corte Suprema. Los jueces y fiscales consideran que el Presidente respalda a la Vicepresidente, quien desea que todas las causas en su contra se evaporen por una decisión política.

Ciertas reformas presentadas por el jefe de Estado son necesarias -Ley 48, juicio por jurados, artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial-, pero en un clima bélico nada avanzará. Y menos en un año electoral.

Un juego de suma cero: Alberto Fernández rompió aún más la relación institucional con la Justicia, y CFK seguirá bajo sospecha de corrupción por todas las pruebas que tiene en contra.