«Esta investigación se encuentra orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Báez, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Souza y Osvaldo Sanfelice, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia de lo que la comunidad internacional ha definido como corrupción», describió el fiscal federal Gerardo Pollicita, cuando le pidió al juez federal Julián Ercolini que embargue los depósitos de Florencia Kirchner en la casa matriz del Banco Galicia. La hija de Cristina, sin trabajo conocido, guardaba allí más de cinco millones de dólares.
La descripción del fiscal Pollicita entierra la maniobra protectiva del juez federal Sebastián Casanello y busca unificar –en un eventual juicio oral– todos los casos de corrupción por obra pública que, supuestamente, se cometieron durante los doce años del kirchnerismo. Casanello sostenía que la investigación de Lázaro Báez terminaba en su actuación como concesionario público y lavador de la plata que había obtenido gracias a las decisiones políticas de Néstor Y Cristina. Pero Pollicita encuadra el modus operandi como corresponde: el fiscal sostiene que Báez, López (Cristóbal), y sus socios, que a su vez eran socios de Máximo y CFK, y funcionarios como Julio de Vido y José López, eran piezas maestras de una maquinaria de corrupción que se dirigía presuntamente desde las «más altas autoridades del Poder Ejecutivo nacional».
Frente a la multiplicidad de denuncias, miles de fojas en agregadas en las causas penales y cientos de expedientes administrativos girados por la administración de Mauricio Macri, Pollicita tomó una decisión inteligente para sentar a Cristina como principal responsable de la maquinaria de corrupción que causó un infinito perjuicio al Estado y transformó en multimillonaria a ella, sus hijos, sus ministros, sus socios y sus amigos personales.
El fiscal se concentró en la causa Vialidad Nacional, que puede funcionar como un caso testigo del modelo de negocios que diseñó Néstor y luego continuó su esposa Cristina. En este contexto, Pollicita y un grupo de fiscales federales analizan las obras asignadas en la ruta nacional 3, la ruta nacional 288 y la provincial 9, todas a ejecutarse en Santa Cruz, y todas encargadas a las constructoras Kank y Costilla, que son de Báez. En la ruta 3, por ejemplo, ya está probado que hubo una diferencia del 300 % entre el proyecto inicial y las obras finalmente pagadas. Y en el caso de la ruta 288, la obra avanzó un 45 % y Báez cobró casi un 60% de lo que todavía no había hecho.
Para Pollicita y sus colegas fiscales, estos casos de eventual corrupción sólo pudieron haberse ejecutado por decisión política de Cristina. Sin CFK, ni Néstor Kirchner hasta su muerte, Báez y los demás implicados por Pollicita jamás hubieran accedido a las obras públicas ordenadas desde Balcarce 50.
Hace unas semanas, la Cámara Federal (sala II) instruyó a jueces y fiscales federales de primera instancia que investigarán a la corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina como un todo, aunque cada uno de ellos mantuviera el control procesal de las causas radicadas en sus respectivos juzgados o fiscalías (por delegación). Esta decisión terminó de complicar la estrategia de defensa de CFK, sus socios, ex ministros, familiares y amigos. Cuando Pollicita presente la acusación formal contra la expresidente, y el juez Ercolini la cite a declarar como imputada, Cristina enfrentará evidencias de compleja refutación.
No fue magia.
