El juez federal Julián Ercolini tomó una decisión procesal en la causa Hotesur que acelera la situación jurídica de Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López. Ercolini dispuso una pericia con 34 medidas que servirán para desnudar la maquinaria de corrupción que supuestamente se activó en Balcarce 50 para capturar ingresos ilegales a través de la obra pública. El juez federal quiere probar si Báez y López simularon alquilar habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner con la única finalidad de pagar las coimas por las obras concedidas y pagadas en forma extraordinaria durante los doce años de mandato que protagonizaron Néstor y Cristina.
Asimismo, el juez federal Claudio Bonadio recibió una ampliación de denuncia formulada por la diputada Margarita Stolbizer contra CFK por haber recibido presuntas coimas de López y Báez. Se trata del caso Los Sauces SA, que acorde a la información aportada al expediente, repite el modus operandi de la causa Hotesur: pago de alquileres de departamentos y cocheras a valores por encima del mercado sin ninguna justificación comercial o jurídica.
“Nos parece necesario que el Juez investigue el delito de cohecho, más conocido como soborno. Está muy claro que hay devolución de favores. Esa devolución de favores, ese retorno, se hacía por sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces. El Código Penal establece como delito de cohecho a la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se le otorga a una persona, en este caso, a las empresas de Lázaro Báez”, explicó Stolbizer para justificar su ampliación de denuncia contra CFK, su entorno y sus socios.
Pero Stolbizer no sólo aportó documentación y fotografías que sostienen su denuncia ante Bonadio y el fiscal federal Carlos Rívolo. También solicitó que se cite como testigo a Ramón Díaz Díaz, el único empleado que tenía Los Sauces para administrar sus bienes en El Calafate, Río Gallegos y Puerto Madero. Díaz Díaz es jubilado, hace trabajos de jardinería para CFK en El Calafate y no tiene antecedentes en la práctica de administración de empresas.
«Resulta llamativo que la sociedad de Cristina Kirchner reciba millones de las empresas de Báez y López pero haya tenido un solo empleado, que curiosamente es un jubilado. Para nosotros es un indicio del carácter simulado de esta empresa», dijo Silvina Martínez, abogada patrocinante de la diputada Stolbizer.
Si Díaz Díaz declara y cuenta la verdad, Cristina debería contratar nuevos abogados. Habrá para ellos, en las próximas semanas, muchísimo trabajo en los juzgados federales de Comodoro Py.
