Hasta que Cristina Fernández abandonó la Casa Rosada, ciertos jueces federales se dedicaban a viajar al exterior, dar clases de ética del derecho y congelar todas las causas que implicaban investigar por corrupción a funcionarios de la administración kirchnerista. Daniel Rafecas (foto) y Sebastián Casanello son ejemplos de jueces que acomodaban su ritmo procesal a las necesidades de CFK y su gabinete. Cuando perdió Daniel Scioli y Mauricio Macri decidió no operar en los Tribunales, esa rutina melindrosa de los magistrados terminó para siempre. Ahora, los expedientes fluyen y las medidas judiciales se suceden de noche y de día, en Buenos Aires y en la Patagonia, donde sus protagonistas estelares pensaron que la protección de Comodoro Py duraría para siempre.
José López era un alfil de Cristina y Julio de Vido. En Balcarce 50 y en los Tribunales se sabía que manejaba la obra pública, arbitraba los sobreprecios y había acumulado una fortuna difícil de explicar. Sin embargo, Rafecas no aceleró la pesquisa mientras CFK estuviera en la Casa Rosada. Cuando apareció López en el convento, Rafecas vio la luz de la justicia y actuó como si nada hubiera pasado. Ahora procesó al operador de Cristina por enriquecimiento ilícito, tratando de evitar que el Consejo de la Magistratura inicie un juicio político en su contra. El juez que enterró la denuncia del fiscal Alberto Nisman sabe que tiene los días contados.
Sebastián Casanello aplicó la misma lógica que Rafecas. Durmió la causa de Lázaro Báez durante años, y ahora desarrolló una velocidad procesal que sorprende a todos los empleados de Comodoro Py. No obstante, este juez federal tiene una grave problema: Báez y sus hijos decidieron romper la ley de la Omertá y actuar en causa propia para evitar que Cristina y De Vido zafen de sus propias responsabilidades penales. En este sentido, denunciaron que la expresidente y el juez federal se encontraron en la quinta de Olivos para preparar la coartada procesal que atribuya al Clan Báez toda la responsabilidad de los sobreprecios en la obra pública.
Casanello niega la reunión y pidió protección a la corporación judicial. Pero esa protección se esfumó por la fuerza propia de las evidencias: la sala II de la Cámara Federal ordenó una pericia para determinar si Báez tiene razón para exigir la recusación de Casanello. Báez tiene el derecho a mentir y atacar a Casanello, y la Cámara podría haber descartado las acusaciones, precisamente porque esa táctica procesal es un hecho común en los juzgados penales. Sin embargo, la sala II sospecha una posibilidad de prevaricato cometido por Casanello y dispuso una serie de medidas que se complementarán en los próximos días. No es común que la Cámara Federal abra a prueba estos incidentes procesales, y Casanello camina por la cuerda floja.
Cuando los jueces federales cambian de estrategia frente al poder político, la sociedad encuentra una oportunidad para confirmar sus peores sospechas. Si el raid en Comodoro Py continúa, el castigo será inédito para las principales piezas de la maquinaria de corrupción montada por la familia Kirchner.
