Cristina Fernández de Kirchner no estaba obligada a decir la verdad. Era su alegato de defensa. Y tiene ese derecho.
La vicepresidente sostiene que si la justicia federal no condenó a Fernando de la Rua por los crímenes cometidos durante la represión de 2001, a ella tampoco deberían condenarla por la causa de Vialidad.
Esa analogía tiene tres complicaciones:
- De la Rua debió ser condenado. Tenía el dominio del hecho.
- Si Cristina tuviera razón, fue una injusticia condenar a los excomandantes. Los dictadores alegaron que no sabían de los campos de concentración. Ese argumento de defensa es una mentira absoluta. Ejecutaron un plan que ellos mismos aprobaron. Pero la ley les permite mentir: nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo.
- Cristina ejerció su derecho constitucional de defensa en juicio. Y en este contexto, puede decir lo que desee para atenuar las acusaciones en su contra. No hay agravamiento de la pena por mentir, aunque lo haya hecho durante su alegato final.
En este contexto, CFK tiene razón en plantear que no lideró una asociación ilícita, la prueba no alcanza para probar esa imputación.
Y también es cierto que impugnó la actuación del juez Juan José Galeano cuando estaba a cargo de la causa AMIA y ella era senadora. Pero durante su alegato regresó a la falacia, cuando defendió el acuerdo con Irán: esa iniciativa sólo hubiera servido para exculpar a Teherán y a Hezbollah, que actuó como brazo armado en Buenos Aires.
Por último, a Hans Kelsen lo leímos todos.
